One Way Or Another

Por CRISTINA F. PEREDA

Uno de cada cinco ciudadanos estadounidenses habla un idioma distinto del inglés en casa. Son más de 47 millones según el último censo y de su acceso a papeletas en idiomas como el chino, español o navajo también depende el resultado de las elecciones.

Lauretta Pierre-Louis llegó a Estados Unidos desde Haití. A sus 70 años, apenas habla inglés: no lo necesita para manejarse en la comunidad haitiana de Miami. En las pasadas elecciones, votó porque su marido la llevó hasta la sede electoral. Conocía los nombres de los candidatos, pero no entendía nada más en la papeleta.

Lauretta es una excepción entre los votantes estadounidenses que no hablan inglés. Ella votó a pesar de la barrera lingüística que deja a muchos otros ciudadanos sin ejercer su derecho al voto. Según el último censo, el 39% de los ciudadanos de origen asiático y el 43% de los hispanos tienen dificultades comunicándose en inglés.

Y las dificultades con el idioma pueden afectar al resultado de las elecciones dentro de dos semanas. En 2004, la participación de los hispanos alcanzó los 7 millones de votantes, frente a 5,9 millones de 2000, según el Centro Pew Hispanic. Las estimaciones de voto a pie de urna calcularon que el 44% de los hispanos votaron a Bush, contribuyendo a su reelección.

Sin embargo, el voto de los hispanos también tiene más probabilidades de no entrar en los recuentos.

En 2005, el estudio ‘¿Qué votos por correo cuentan?: La variedad y el uso de los votos por correo en California’ encontró que, en este Estado, los votantes que piden el envío a su domicilio de una papeleta en otro idioma que no sea el inglés tienen menos posibilidades de que su voto entre en el recuento.

En las elecciones del año 2000, la Fundación para la Defensa Legal y Educativa de la comunidad asiática en Estados Unidos descubrió que algunas papeletas distribuidas en el Estado de Nueva York habían sido traducidas de forma que el voto demócrata iba para los republicanos y viceversa. En San Francisco, la falta de intérpretes hizo que algunos votantes asiáticos no pudieran votar, mientras que en Los Ángeles parte del material traducido a otros idiomas fue ocultado a los votantes.

“En general, es sólo una barrera más que tiene que superar el inmigrante para formar parte del proceso electoral. La mayor barrera es la participación en la comunidad, la cultura democrática, porque viven completamente apartados de ella”, explica Hector Tobar, autor de ‘Translation Nation’.

La barrera lingüística y obstáculos a pie de urna tienen consecuencias en el número de inmigrantes de lengua no inglesa que ejerce su derecho a voto.

La comunidad hispana representó casi la mitad del crecimiento de la población de Estados Unidos entre 2002 y 2006. Sin embargo, este crecimiento no supuso un aumento de votos.

El Centro Pew Hispanic descubrió en 2006 que los ciudadanos hispanos con derecho a voto se registraron menos en el censo y votaron menos que ciudadanos blancos o de color. Las causas son demográficas: un gran porcentaje de los hispanos es muy joven para votar o no pueden hacerlo porque no tienen la ciudadanía.

La consecuencia: sólo un 13% de la población hispana votó en 2006, frente al 39% de la población blanca y un 27% de los ciudadanos de color.

Desde 1975, el Gobierno está obligado por ley a garantizar que todo ciudadano tenga acceso al proceso electoral, proporcionando tanto papeletas como guías sobre las elecciones en diferentes idiomas. Para saber dónde enviar estos materiales, el censo detecta dónde hay poblaciones de más de 10.000 personas o con un porcentaje superior al 5% con origen no estadounidense, con dificultades para comunicarse en inglés o con niveles muy bajos de alfabetización.

Sin embargo, dado el carácter federal del Gobierno de Estados Unidos, no hay una administración uniforme de las elecciones. Hay al menos 51 sistemas de voto diferente según cada Estado y circunscripción electoral.

Además, en el ejemplo de las elecciones de 2006, cada Estado determinó dónde enviaba el material de ayuda según el censo de 2002, sin considerar los posibles cambios. De acuerdo con esos datos, 300 circunscripciones en 31 Estados demandaron materiales traducidos a más de 25 idiomas.

“Cada cierto tiempo, el Gobierno cambia el lugar donde envía el material. Algunas partes del país están bien cubiertas, pero en otras los ciudadanos no pueden votar, a pesar de tener el derecho a ello”, cuenta César Perales, director de la Fundación para la Defensa Legal de ciudadanos de Puerto Rico.

La ley que obliga al Gobierno a garantizar el voto de todos los ciudadanos no está exenta de polémica. Los opositores argumentan desde que es imposible aplicar todas las normas para que vote cada ciudadano, necesite la ayuda que necesite, o que el Gobierno no debería hacerse cargo de las personas que no hablan inglés.

“Creo que debería haber mayores requerimientos lingüísticos a la hora de obtener la ciudadanía. El Gobierno no debería estar obligado a educar a los trabajadores, son los candidatos los que tienen que hacer un mejor trabajo a la hora de atraer su voto”, argumenta Brain Griffiths, un activista republicano.

Mientras que un 57% de los hispanos reconocen que están obligados a hablar inglés para obtener la ciudadanía y manejarse en Estados Unidos, no es el idioma lo que les mantiene alejados de las urnas. En 2004, a seis de cada 10 no les gustaba ninguno de los candidatos, otro 56% no sabía lo suficiente sobre ellos, el 18% manifestó dificultades para votar y el 12% declaró que era muy complicado registrarse para votar en su zona.

En Florida, los votantes no pueden registrarse si los datos en su documento de identidad, su número de Seguridad Social y el permiso para conducir no coinciden con los registros del Gobierno. Dado que la mayoría de los hispanos usan dos apellidos, si el registro original en el Departamento de Inmigración no coincide con sus documentos, no podrán registrarse para votar.

Myrna Pérez, investigadora del Centro de Justicia Brennan en la Universidad de Nueva York, explica que, en 2000, los hispanos enviaron el 15% de las solicitudes para votar en el Estado de Florida. De las 14.000 solicitudes que fueron rechazadas, el 39% eran de hispanos con derecho a voto.

“Las leyes que tenemos están bien, el problema es hacer que se cumplan”, lamenta Myrna Pérez.

Articulo para Soitu.es