Por CRISTINA F. PEREDA

El pasado jueves, los ciudadanos de Nashville, Tennessee, rechazaron la propuesta de establecer el inglés como lengua oficial. Esta proposición, de haber sido aprobada en la votación, hubiera anulado la obligación del gobierno local de traducir todos los documentos oficiales a otros idiomas. Igualmente, habría anulado el derecho de cualquier individuo a algunos servicios —desde ayuda médica a alertas de evacuación o señales de emergencia— en un idioma que no sea el inglés.

(istockphoto) Vista de Nashville.

El caso de Nashville es un ejemplo más de los diferentes intentos que ha habido en Estados Unidos por tener una lengua oficial. El pasado 4 de Noviembre, el estado de Misuri elegía a McCain como presidente al mismo tiempo que establecía la lengua inglesa como oficial en todo el estado.

Entre los grupos a favor de esta medida está la organización ProEnglish. Según declara este grupo en su página oficial, “la unidad lingüística de América está amenazada. (…) Y en vez de animar a los inmigrantes a que asimilen la necesidad de hablar inglés para triunfar en nuestra sociedad, la política de nuestro gobierno es promover ‘diversidad’ trabajando cada vez en más idiomas extranjeros”.

Junto a estas cuestiones de identidad, esta organización lamenta los abultados gastos en traducción a idiomas como el español, el segundo más hablado en Estados Unidos, el chino, el vietnamita o el árabe. Sin embargo, sus esfuerzos por convencer a la población de Nashville han supuesto una inversión de 300.000 dólares, según un diario local, mientras que los gastos de traducción de los últimos cuatro años fueron de medio millón de dólares, apenas el 1% del presupuesto del ayuntamiento.

Según el censo estadounidense, hasta el 39% de los inmigrantes de origen asiático y el 43% de los hispanos tienen dificultades comunicándose en inglés. Estos datos no sólo justifican para muchos el hecho de que no exista una lengua oficial nacional, sino también la necesidad de traducir los documentos oficiales para facilitar trámites burocráticos a todos los ciudadanos.

©JL (flickr)Fiesta latina en Estados Unidos.

Estados Unidos no cuenta con un idioma nacional para todo el país, pero hasta 30 estados sí han declarado el inglés como lengua oficial. Por encima de esta decisión están algunas leyes que, como en el caso de las elecciones, les obligan a traducir documentos oficiales a otras lenguas.

Para los portavoces de ProEnglish, una de las dificultades que crea el uso de varios idiomas, y la falta de uno oficial, es que los nativos acaban siendo perjudicados “al no poder acceder a determinados puestos de trabajo por la imposibilidad de dirigirse a los clientes y compañeros de trabajo en inglés”, como defienden en su página web.

Sin embargo, la obligación de comunicarse únicamente en inglés dejaría a muchos inmigrantes fuera de servicios sociales y de salud de los que dependen por falta de recursos económicos, según defienden grupos contrarios a este tipo de medidas, como Speak Up.

A diferencia de los 22 estados norteamericanos sin lengua oficial, en España todos los procedimientos de la Administración General del Estado deben publicarse en castellano. Las Comunidades Autónomas están obligadas a publicar en el Boletín Oficial de la autonomía correspondiente toda la información tanto en castellano como en la lengua cooficial del territorio. Además, cada autonomía cuenta con leyes específicas que determinan los casos en que los trámites burocráticos deben hacerse en castellano o en la lengua de la autonomía.

En el caso de Cataluña, por ejemplo, las administraciones públicas, instituciones y empresas deben comunicarse en catalán en todas las comunicaciones internas y en la relación entre ellas, según establece la Ley de Política Lingüística de 1998.

Entre las ayudas que reciben las Comunidades Autónomas con otra lengua oficial además del castellano, están las otorgadas a la prensa de forma indirecta, mediante subvenciones de las Comunidades a las publicaciones por razones lingüísticas y para fomentar su difusión.

Según explica José Joaquín Blasco Gil en su artículo “Las ayudas públicas a la prensa de las Comunidades Autónomas españolas en 2007“, publicado en la revista TELOS, la cantidad destinada en 2007 a estas subvenciones asciende a casi 13 millones de euros en Cataluña, más de 4 millones en el País Vasco o poco más de 2 millones en Galicia.

El ejemplo de Estados Unidos, con numerosos intentos infructuosos por establecer una lengua oficial para reducir gastos y forzar a todos los ciudadanos a utilizar el inglés al mismo nivel, demuestra que el problema no ha hecho más que empezar y la solución perfecta no existe.

Articulo para Soitu.es