Por Cristina Fernández Pereda

Decía Napoleón que “las ballestas sirven para todo menos para sentarse en ellas”. Los ejércitos pueden conquistar la paz, pero no mantenerla. Durante el pasado siglo, los cuerpos de policía estaban organizados localmente. Las funciones externas y las tareas de defensa del país eran desarrolladas por los ejércitos.

A lo largo del siglo XX se desarrollaron el comercio mundial y los proyectos imperialistas. También crecieron las intervenciones extranjeras para corregir los posibles desajustes entre países. Son los mismos años en los que se fue configurando la “comunidad internacional”.

Este nuevo concepto incluye a la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos y Japón. Se trata de una clasificación difusa que, según las circunstancias, también comprende las potencias regionales que quieran prestarle respaldo. Cuando este grupo de países quiso establecer algún orden, puso en marcha el mecanismo de la policía internacional. Y todavía no hay ningún organismo ante el que tenga que responder.

Hasta 1999, el correctivo sólo lo aplicaba un organismo regional o la ONU. Este año la OTAN asumió el control policial en una zona ajena: la República Federal de Yugoslavia. Este comienzo de siglo se va a proyectar en el futuro.

Este contexto permite augurar un aumento de las intervenciones de la “comunidad internacional” en asuntos internos de otros países. El nuevo mecanismo de control puede ampararse en la protección de los derechos humanos. O para impedir que se tambalee un sistema económico cada vez más integrado. Y más sensible.

Las grandes potencias tienen previsiones que en muchos casos se contradicen. Desde la postura más optimista que augura el triunfo de la democracia occidental y el libre comercio en sustitución de la guerra, hasta la más pesimista que prevé una zona del mundo próspera y en paz, y otra en la que reinarían el caos y la pobreza. La función de la policía internacional sería impedir que la inestabilidad de una zona afectara a la otra. Los grandes no podrían permitirse que sus logros quedaran empañados por el atraso de otros.

Estados Unidos planteó en 1999 cuatro posibles escenarios para el futuro internacional. El triunfo de la democracia occidental, la desaparición de las identidades en una “globalización triunfante”, el enfrentamiento militar entre potencias para defender sus intereses, o el caos absoluto. Este último, causado por desastres naturales o económicos, y por migraciones masivas.

En cualquier caso, Estados Unidos considera la necesidad de un mecanismo internacional que defienda sus intereses. Entre sus objetivos exteriores para el futuro está la defensa de su territorio, ciudadanos y propiedades; estabilidad económica y social, ampliar su sistema de intercambio y comercio; y promover el respeto de los valores estadounidenses.

Los enemigos del siglo XIX eran un país, una región, una ideología que amenazara el poder. Hoy los objetivos son cada vez más ambiciosos y es fácil encontrar más de un enemigo. Para lograr sus metas, Estados Unidos tendrá que contar con la fuerza suficiente como para evitar desviaciones. Y muchas de ellas deberán ser corregidas o prevenidas por un modelo de policía global. Las grandes potencias tendrán que crear nuevas reglas para un juego que se les ha quedado pequeño.

De momento, ya se han definido los nuevos delitos a escala global y se ha creado un archivo de sospechosos habituales. Países como Siria, Irán o Iraq, se encuentran en ella. Son los mismos que soportan sanciones económicas o políticas de Estados Unidos. Las tareas de la policía mundial podrán realizarse a petición de los gobiernos, pero también en contra de las autoridades con jurisdicción en la zona. Y puede que un delito no sea reprimido de la misma forma en un país amigo que en uno sospechoso.

Una vez que la ONU ha sido desautorizada, ya no queda ningún organismo que legitime un marco jurídico y regule las acciones de la policía internacional. La nueva forma de control tampoco tiene reglas internas. No se sabe quién juzgará sus acciones y establecerá qué objetivos son justos y cuáles no. El representante de la “comunidad internacional” será el que tenga los medios más poderosos para poner a la policía global a su servicio.

La obsesión por la seguridad hace más lógica una policía internacional que un acceso igualitario a la educación o la sanidad. Los nuevos intereses no consisten en extender el desarrollo. Los grandes no quieren compartir sus logros. Quieren protegerlos. Antes que igualar entre países los títulos académicos, prefieren compartir los datos de sus habitantes.

(English version)

Por Cristina Fernández Pereda 

Resulta fácil encontrar salmón en cualquier supermercado. Llega hasta nosotros desde Chile, donde lo producen de forma masiva. Allí se produce, en el Sur, y lo consumimos en el Norte. Lo mismo ocurre con la soja de Argentina, las flores colombianas o el azúcar de los países de Latinoamérica.

Estos cuatro productos serán controlados al detalle por los creadores del proyecto “No te comas el Mundo”. Se trata de una propuesta de las ONG’s Veterinarios Sin Fronteras, la Red de Consumo solidario, Acción Ecologista y el Observatorio de la Deuda. Su finalidad es dar a conocer las consecuencias que el consumo de los países del Norte tiene sobre las sociedades y el medio ambiente de los países del Sur.

Para concienciar a los consumidores, esta campaña hará un seguimiento de cuatro casos reales, desde su producción a gran escala en el Sur hasta que llegan a los países del Norte. El seguimiento incluye los lugares de producción, las condiciones de los trabajadores, la influencia de las multinacionales en estos países y las consecuencias de este comercio. Tanto para las personas como para el Medio ambiente.

La producción para grandes mercados implica, en el Sur, la explotación laboral de muchas personas que se ven obligadas a ceder ante las multinacionales. Y no sólo en cuestión de trabajo. Muchos han visto cómo estas empresas se han apropiado de las tierras más fértiles. La primera consecuencia es la migración forzosa: sin tierra que cultivar, pierden su medio de vida. Después viene el empobrecimiento de las poblaciones y la destrucción de los ecosistemas.

La campaña “No te comas el mundo” pretende asociar “las consecuencias sociales y ambientales de estos productos en el Sur con nuestra vida diaria y hábitos de consumo” en el Norte. Así lo afirma Ferrán García, coordinador de este proyecto, quien añade que “estamos adquiriendo una deuda ecológica con estos países”.

El concepto de deuda ecológica hace referencia al intercambio desigual entre Norte y Sur. La deuda consiste en que el modelo de producción que los países del Norte imponen a los del Sur, tiene en éstos últimos consecuencias nefastas para el medio ambiente.

Éste es el caso de Chile. La producción masiva de salmón está provocando la degradación de lagos o áreas costeras y las comunidades de pescadores tradicionales han tenido que desplazarse. Sin embargo, los beneficios por la venta o exportación del salmón no se quedan en Chile. Los trabajadores, los chilenos, apenas llegan a beneficiarse de este negocio.

Una de las propuestas de la campaña “No te comas el Mundo” es que el consumidor sea más crítico con lo que compra. Si los consumidores, en el Norte, exigimos información sobre el origen de los productos y cómo han llegado hasta el mercado, estaremos dando el primer paso hacia la igualdad.

En la actualidad puede que los sistemas de producción o las leyes del mercado sean iguales en el Norte y en el Sur. El crecimiento de los países más avanzados así lo impuesto. Pero los consumidores no somos iguales. Los trabajadores, tampoco. La igualdad también debe comenzar por condiciones de trabajo dignas, seguras, y que no perjudiquen al entorno ambiental.

En condiciones de igualdad ante el mercado, los países del Sur tendrían la oportunidad de comercializar los productos de sus propias empresas. De esta forma no verían cómo las multinacionales se llevan sus recursos hasta el Norte. Dispondrían también de todos esos recursos para su beneficio, tanto si exportan su producción como si no. Pero el destino de esa producción se elegiría en el Sur.

La campaña “No te comas el Mundo” quiere demostrar que el primer paso en esta lucha también es responsabilidad de los consumidores. Quizás cuando termine, dentro de dos años, estemos más cerca del momento en el que las tiendas del Norte no ofrezcan productos que el Sur puede comercializar pero no comprar.

(English version)

Por Cristina Fernández Pereda

Ningún país del mundo puede presumir de que entre su población no haya niños trabajadores.

Más de 240 millones de niños y niñas trabajan todos los días en vez de ir a la escuela. Cargan piedras y arena, manejan explosivos, se arrastran por los túneles de las minas o trabajan dentro del agua. Muchas veces usan herramientas peligrosas, respiran polvo o están en contacto con productos tóxicos. Esta situación les provoca daños que sufrirán durante toda su vida.

Son millones de niños de países que firmaron la Convención sobre los Derechos de la Infancia. Desde 1989, ésta obliga a los gobiernos a proteger a los niños de “la explotación económica y de realizar ningún trabajo que pueda ser peligroso o interferir en la educación del niño, o que sea peligroso para la salud física, mental o espiritual del niño o para su desarrollo social”.

En América Latina, más de 18 millones de niños trabajan en las calles, en minas o en plantaciones. Desde hace 10 años, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y otras organizaciones internacionales y ONG, luchan juntas para lograr que los niños trabajadores vayan a la escuela. Gracias a su colaboración, han llevado al colegio a 100.000 menores.

Su labor está basada en el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC). El IPEC pretende combinar políticas nacionales y proyectos que comprometan a varios países a retirar a los niños del trabajo.

Los primeros logros del Programa han demostrado que se puede alcanzar que los menores vayan a la escuela y no a trabajar mediante la aplicación de una serie de medidas. Es necesario ayudar a las comunidades mineras de estos países a organizarse en cooperativas, adquirir derechos legales, mejorar la seguridad en el trabajo y asegurar ciertos servicios esenciales como la salud, la educación o la higiene en el lugar de trabajo.

Sin embargo, estas organizaciones no pueden suplir el papel que compete a los Estados. Se trata de dar unas pautas a los países en los que está más desarrollado el trabajo infantil. Después deben ser los gobiernos los que, una vez concienciados de que el lugar de los menores está en las escuelas, se aseguren de la defensa de sus derechos y no permitan que regresen a las calles, las plantaciones o las fábricas.

Como afirma Guillermo Dema, coordinador del IPEC para Centroamérica, Panamá y la República Dominicana, “tenemos muy claro que la lucha contra el trabajo infantil es un esfuerzo a largo plazo. Este programa pretende ayudar a los países que tienen este problema, pero debemos tener presente que los que tienen que eliminarlo son las naciones afectadas. Nosotros les ayudamos y damos las herramientas”.

Dentro del trabajo infantil, UNICEF considera necesario distinguir entre dos tipos. El trabajo de niños dentro de familias campesinas o artesanas que, por el grado de pobreza, necesitan de la colaboración de los más pequeños, y la explotación de niños por un empresario o patrón externo a la familia. En este último caso, el niño no tiene oportunidad de compaginar unas horas en el trabajo y otras en la escuela.

Hay una regla que se cumple siempre que hablamos de trabajo infantil: a mayor pobreza, más niños trabajando. Los programas para escolarizar a los menores, como el IPEC, son conscientes de que uno de los primeros pasos debe ser combinar el trabajo con la educación. Detrás de cada niño que trabaja hay una familia que cuenta con su salario. Por pequeño que sea. Concienciar de la importancia de la educación puede ser el primer paso para que aprendan otro oficio y salgan del círculo de la pobreza.

Ningún país del mundo puede presumir de que entre su población no haya niños trabajadores. La mayoría se encuentra en África, Asia y Latinoamérica. Con proyectos como el IPEC el número de niños que deja el trabajo para ir a la escuela sigue creciendo. Cada vez son más los niños en el camino que sale de la pobreza y lleva a la educación. A elegir un futuro distinto.

(English version)

By Cristina Fernández Pereda 

It’s easy to find salmon; look in any supermarket. It comes to us from Chile, where it is mass-produced. They produce it in the South and we consume it in the North. The same is true of the Argentinean soy, the Columbian flowers or the sugar from Latin American countries.

These four products will be controlled at the retail level by the creators of the project, No Te Comas el Mundo (Don’t eat the Entire world)—an initiative put forth by Veterinaries Without Frontiers, Ecologist Action, and the International Debt Observatory of the United Nations. It aims to raise awareness about the consequences of the consumerism of the countries in the North on the societies and environment of the South.

To awaken the consciences of the consumers, this company will follow four real cases from the whole sale production in the South until they arrive to the North. The chronicle will include the production establishments, the work conditions, the influence of multinationals in those countries, and the consequences of the trade for the people and the environment.

Production that targets large markets implies, in the South, the exploitation of many workers who find themselves compelled to surrender before the multinationals. This is not only a question of work. Many have seen how these companies have appropriated the most fertile lands. The first consequence is forced immigration: without land to cultivate, they lose their way of life. Afterwards comes the impoverishment of the people and the destruction of ecosystems.

The campaign, No Te Comas el Mundo (Don’t eat the entire world) links the “social and environmental consequences of these products in the South with our daily life and consumer habits” en the North, said Ferrán Garcia, coordinator of the project. He added, “we are piling up an ecological debt in those countries.”

The concept of ecological debt refers to the unequal exchange between North and South. The debt is based on the fact that the production model that the North imposes on the South has horrible consequences on the environment.

That’s the Chilean Case. The massive production of salmon provokes the degradation of lakes or coastal areas and the communities of traditional fishermen have to relocate. However, the benefits of the sale or exportation of salmon do not remain in Chile. The Chilean workers barely benefit from this business.

One of the proposals of the campaign is to make the consumer more conscious of what he buys. If the consumers of the North demand information about the origin of the products and how they arrive on the market, we would be taking the first step toward equality.

In fact it may be that the systems of production are the same in the North as in the South. The growth of the more developed countries has imposed this on the rest of countries. But, we, consumers are not all equal. Neither are the workers. Equality should also begin with adequate work conditions, safe conditions, and the protection of the environment.

In conditions of equality in the market, the countries o the South would have the opportunity to commercialize their products of their own companies. That way they wouldn’t see how the multinationals carry the resources from the South up North. The South would use those resources for their own benefit, whether they export or not. But, it is the South that would choose the final destination of the products.

The campaign, “No te comas el Mundo,” wants to demonstrate that the first step in this fight is also the consumers’ responsibility. Perhaps when they are done in two years, we will be closer to the moment when the stores in the North no longer offers products that the South can trade but that its people cannot buy.

(En Español)

Por Cristina Fernández Pereda

Los diamantes se han convertido en un símbolo del amor. Según Amnistía Internacional, a muy pocos consumidores se les puede garantizar que esta piedra preciosa.

Según el informe publicado por la organización, sólo el 37% de las empresas consultadas puede garantizar que sus diamantes han sido obtenidos respetando los derechos humanos. Esto ocurre dos años después de que el sector del diamante se comprometiera a crear una regulación que impida el comercio de gemas en zonas de conflicto.

Angola, Liberia, Sierra Leona o la República Democrática del Congo son ejemplos de países exportadores de diamantes. También están entre los países más pobres del mundo. La riqueza de su suelo se ha convertido en una de las causas de la miseria de su población. Los millones de dólares que produce el comercio ilícito de diamantes caen en manos de las guerrillas. Cambian diamantes por armas y eluden así los embargos impuestos por la comunidad internacional.

Esta fuente de financiación ha ayudado a prolongar muchos conflictos en estos países. La producción de diamantes no ha salvado al 90% de la población angoleña de la pobreza. Allí, un diamante se vende por 20 dólares a una agencia local. Después, la piedra va cambiando de dueño y su valor crece hasta llegar a manos europeas o americanas. En la última fase del proceso, el diamante puede costar 2.000 dólares. Al final, las cifras crecen: en un año Liberia llegó a exportar diamantes por valor de 300 millones de dólares.

El comercio de diamantes exige un círculo de países que compran, venden o intercambian armas a cambio de gemas preciosas. Un informe de la ONU sobre las causas de la guerra en Angola apuntó a comerciantes de diamantes que actuaban en Johannesburgo, Dubái o Amberes. También se señaló a Bulgaria y Ucrania como exportadores de armas a países en conflicto. La venta final se centra en Europa. En Amberes, Bélgica, se comercializan dos tercios de la producción mundial de diamantes.

La venta de diamantes ilegales se ve favorecida por mecanismos de control y legislaciones insuficientes. No hacen saltar las alarmas de los detectores en los aeropuertos y se convierten fácilmente en dinero en efectivo. Son muchas las organizaciones internacionales que han exigido medidas que garanticen la legalidad de los diamantes que llegan a Europa. Que garanticen que han sido obtenidos respetando los derechos humanos.

Las peticiones de las diferentes organizaciones, como la que hace estos días Amnistía Internacional, chocan con otros intereses. La aplicación de leyes más estrictas pondría en peligro un negocio que mueve al año 50.000 millones de dólares. Aunque se sepa que el 10% de esa cifra financie conflictos armados, nadie quiere perder dinero porque se identifiquen los diamantes con la guerra.

Los consumidores de diamantes, por su parte, deben pedir garantías de la legalidad de gemas en el momento de la compra. Estas exigencias pueden ayudar a que se aplique de verdad la legislación internacional al respecto. De ser así, los diamantes serían controlados desde el momento de su extracción hasta que llegan a su destinatario final.

Si se consigue la aplicación de unas normas que garanticen que los diamantes han seguido un camino legal hasta su venta en los comercios, disminuirá el flujo de dinero que mueven al año por todo el mundo. Se podrá terminar así con una fuente de financiación de muchos conflictos. Se habrán terminado los diamantes de la guerra.

(English version)

Por Cristina Fernández Pereda

Garantizar la sostenibilidad ambiental es uno de los Objetivos del Milenio que 189 países se han comprometido a conseguir antes del 2015. Hasta entonces, el acuerdo de estos países consiste en promover medidas de concienciación social y política que mejoren la situación medioambiental.

El problema actual radica en el agotamiento de los recursos naturales. Además, procesos como la creación de suelo o el secuestro de CO2 por parte de los bosques se están debilitando. La Tierra tampoco es capaz de asimilar todos nuestros residuos ni de responder a la destrucción de su biodiversidad.

Según el Índice del Planeta Vivo, elaborado por la Asociación Ecologista World Wide Found, desde 1970 hasta hoy hemos perdido un tercio de la riqueza natural de la que disponíamos. Las principales responsables de esta pérdida son las acciones humanas. Sobre todo las llevadas a cabo en los países industrializados: menos de un 20% de la población consume más del 80% de los recursos.

Los países menos desarrollados son los más vulnerables ante las consecuencias de la crisis medioambiental. Ésta se manifiesta en forma de cambios en los procesos ecológicos, disminución de la productividad agrícola, el desplazamiento de millones de personas que viven en zonas con alto riesgo de catástrofes y el aumento de transmisión de enfermedades como la malaria.

Los cambios que ha introducido el hombre en el medio ambiente están determinados por el crecimiento demográfico y por la utilización de compuestos artificiales. Los procesos de urbanización e industrialización aumentan la presión ejercida sobre las aguas marinas y las zonas costeras. La emisión de gases a la atmósfera destruye la capa de ozono. Como consecuencia, la vida vegetal y animal empeoran y se produce un calentamiento global porque llega más energía a la tierra.

La destrucción de la biodiversidad también conlleva la desaparición de los recursos naturales como son los alimentos, los medicamentos o la energía. Las comunidades que dependen de estos recursos pierden su medio de vida y sus ingresos. Esta consecuencia la sufren unos 1.600 millones de personas en todo el mundo.

Existe una relación recíproca entre la pobreza y la degradación del medio ambiente. De los 1.200 millones de personas que viven con menos de 1 dólar al día, cerca del 70% vive en zonas rurales y depende de los recursos naturales para sobrevivir. La desaparición de los recursos naturales es una de las causas de la pobreza. Lograr una sostenibilidad medioambiental es una de las vías para luchar contra la pobreza, dado que la población más pobre es la que más depende de los bienes que le proporcionan los ecosistemas.

Para evitar que se produzcan todas estas consecuencias y que las sigan sufriendo millones de personas en todo el mundo, el compromiso de estos países tiene tres objetivos: el desarrollo de políticas medioambientales específicas, la integración de esas medidas en los sectores productivos que más dañan el ambiente y, finalmente, la comunidad internacional se compromete a crear marcos de medidas nacionales. Son las llamadas Estrategias Nacionales de Desarrollo Sostenible.

Con ellas se puede alcanzar una meta que se hace esperar: 1.200 millones de personas carecen de agua potable en el mundo. Disponer de agua es una condición imprescindible para la salud y el bienestar de las personas, sin embargo, este problema sólo parece empeorar. En 2025, cuando deben estar cumplidos todos los Objetivos del Milenio, serán más de 3.500 millones las personas que no tengan acceso al agua potable.

Este reto no sólo exige la reducción de las acciones que contribuyen a la destrucción de recursos ambientales o la creación de medidas que impongan el respeto a la naturaleza. Al mismo tiempo, el compromiso debe mejorar las condiciones de vida de millones de personas. Condiciones que han empeorado por el comportamiento de otros seres humanos.

(English version)

Por Cristina Fernández Pereda

Se acaba de celebrar en Buenos Aires la X Cumbre del Cambio Climático. Delegaciones de 189 países comenzaron las reuniones con el optimismo de que Rusia ratificara el Protocolo de Kyoto y permitiera así su aplicación. Sin embargo, el entusiasmo ha dado paso a las dudas sobre si Kyoto es o no la mejor arma contra el cambio climático.

La comunidad internacional persigue la aplicación del protocolo de Kyoto, que tiene como fecha límite de aplicación el año 2012. Mientras tanto, países como Inglaterra, Australia o Estados Unidos anuncian que no van a cumplir las exigencias del protocolo. No van a adoptar medidas para reducir sus emisiones de dióxido de carbono ni van a invertir en investigaciones para lograrlo.

Expertos en cambio climático reunidos en Buenos Aires han asegurado que la lucha contra los efectos del calentamiento global no tiene por qué comenzar por aplicar un conjunto de medidas que reduzcan la emisión de gases a la atmósfera. Consideran que esta lucha debe empezar por combatir la pobreza.

La falta de recursos convierte a los países en vías de desarrollo en los más indefensos ante las inclemencias del clima. En 1998 el huracán Mitch se llevó a casi 10.000 personas a su paso por Centroamérica. En 2004, otro huracán de igual magnitud azotó una zona residencial de Florida y no hubo más de 20 fallecidos. La riqueza de los países desarrollados reduce los daños de cualquier fenómeno climático.

Los altos costes que supone aplicar las medidas aprobadas en Kyoto hacen que muchos quieran replantearse su aplicación. Las estimaciones más optimistas sitúan los gastos entre 150.000 y 300.000 millones de dólares al año. Los países menos desarrollados han propuesto una alternativa al Protocolo quieren que se invierta en ayudas a los países que son más vulnerables al cambio climático.

Joke Waller, secretaria ejecutiva de la conferencia, señaló que no ha habido avances en materia de adaptación de los países más pobres al cambio climático. Su propuesta consiste en que los países menos desarrollados presenten sus proyectos de adaptación y los industrializados su voluntad de financiarlos. El delegado de Tanzania, en nombre de los 48 países más pobres del mundo, aportó su argumento a favor de estas medidas: “para nosotros el cambio climático es más catastrófico que el terrorismo”.

Los cambios en el clima provocan inundaciones masivas en zonas costeras y en las riberas de los ríos, donde viven muchas personas. Las inundaciones hacen que se reduzcan las áreas de cultivo y se extienda el hambre. Los expertos aseguran también que estos cambios aumentarán el número de personas sin acceso a agua potable, lo que incrementaría el riesgo de enfermedades y reduciría la disponibilidad de alimentos.

Cambio climático, desastres naturales, pobreza y agresiones al medioambiente se unen en una cadena difícil de romper. Las inversiones en países más vulnerables pueden lograr que se reduzcan los efectos de las catástrofes. La ayuda para que estos países se protejan de los daños que provocan muchos países industrializados puede conseguir que, aunque lleguen más inundaciones, no traigan más pobreza. Ni se lleven más vidas.

(English version)

Por Cristina Fernández Pereda

Los productos copiados y vendidos en China le cuestan a Estados Unidos 1.000 millones de dólares al año. China ha entrado en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y se ha convertido en una amenaza para la economía de muchos países. Las pérdidas a escala mundial superan los 13.000 millones de euros al año.

La piratería ha superado el reto de las imitaciones. Esta industria consigue copias exactas y ofrece los productos a precios mucho más bajos. Resulta casi imposible distinguir el original de la copia y el precio siempre ayuda a decidir cuál comprar.

Las protestas contra China se escudan en la protección de los derechos de autor, sin embargo, también entran en juego las leyes del mercado. Muchas empresas extranjeras han visto sus productos copiados, por lo que no consiguen vender los originales. Las exportaciones no funcionan porque ha nacido otra forma de competencia en el mercado chino.

La lucha contra la piratería en China se convierte en un problema internacional porque lo que se copia son productos extranjeros. Quizás cuando lleguen las copias de marcas chinas comience la persecución real. Una de las razones que se utilizan para justificar el pirateo radica en la dificultad de los países en desarrollo para acceder a conocimientos nuevos de los países más avanzados. Esta razón explica por qué la versión de Windows 95, que costaba 100 dólares en Estados Unidos, se llegara a vender por sólo 4 en China.

Las presiones internacionales han sido insuficientes. Estados Unidos acusó a China, al entrar en la OMC, de prácticas comerciales desleales. Pero nadie ha conseguido que China empiece a aplicar las leyes de propiedad intelectual. Su concepto de copia es diferente al de Occidente, por lo que la lucha parte de términos distintos. Además, el cierre de las tiendas y mercados dedicados exclusivamente a la venta de productos copiados supondría un aumento del paro en China. El gobierno ya ha decidido qué prefiere combatir.

La piratería china no tiene límites, desde videojuegos a prendas de ropa, pasando por software informático, e incluso fármacos. Uno de los conflictos más notables lo protagonizó General Motors con una de sus filiales en China al ver copiadas algunas de las características de un modelo suyo. La copia de coches ya no es un disparate en un mercado que acumulará, en los próximos 10 años, el 18% del incremento de la demanda mundial de automóviles.

En su versión más conocida, la de la copia de CD’s o DVD’s, alcanza el 90% de las ventas en el mercado chino. El precio de los originales es inalcanzable para la mayor parte de la población, que ni siquiera se plantea comprarlos. Así, una de las estrategias comerciales seguidas por empresas occidentales como Sony, es bajar el precio de los productos en China. Sony lanzó la consola Play Station 2 mucho más barata, intentando convencer a un mercado potencial de 1.300 millones de personas.

La piratería es otra manifestación de las desigualdades. Países que no pueden acceder a determinados productos, deciden copiarlos, imitarlos y ponerles la marca de los países más avanzados. En China no se venderían productos chinos, las copias están hechas allí, pero la marca dice que son occidentales. Una vez más, se comercializa con la marca, no con el producto. Y la marca significa desarrollo.

(English version)

Por Cristina Fernández Pereda

Si queremos afrontar los retos para la salud mundial , es necesario reforzar los sistemas de salud. Sin este requisito, no se podrá alcanzar el objetivo de igualar las condiciones sanitarias de todo el mundo.

Las enseñanzas derivadas del pasado, incluidas las aptitudes y estrategias desarrolladas en la lucha contra la poliomelitis y el SRAS, se pueden aplicar en el tratamiento contra el VIH/SIDA y en la lucha para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Los objetivos consisten en extender un contexto favorable a la salud y una atención de calidad para todo el mundo, igualdad en materia de salud como parte de un desarrollo orientado hacia la justicia social y participación de las comunidades en sus programas sanitarios.

El progreso hacia estas metas no será sostenible si no se cumplen las pautas establecidas en salud. En particular, la “meta tres millones”, consistente en llevar hasta tres millones de personas en países en desarrollo la polioterapia antirretroviral contra el VIH/SIDA para finales de 2005. Estos objetivos deben respaldar un amplio desarrollo horizontal de la capacidad de los sistemas de salud.

Pese a las reformas sanitarias llevadas a cabo en las últimas décadas, el progreso no es suficiente en el desarrollo de sistemas de salud que promuevan mejoras sanitarias colectivas. Pero están surgiendo nuevas oportunidades. La salud es una prioridad en el desarrollo internacional y los países empobrecidos empiezan a contar con fondos para actividades sanitarias.

El sistema de salud abarca todas las organizaciones, las instituciones y los recursos de los que emanan las iniciativas para mejorar la salud. Un sistema de atención sanitaria son las instituciones, las personas y los recursos implicados en la atención al individuo. La relación entre las funciones de la salud pública y las de atención a los pacientes es uno de los rasgos más importantes de la atención primaria.

Los valores y prácticas de la atención primaria, adaptados a la situación actual, pueden convertirse en la base de la mejora de los sistemas de salud. La crisis mundial de personal sanitario, la falta de pruebas científicas idóneas y oportunas, la falta de recursos financieros y las dificultades para aplicar políticas de salud igualitarias son los grandes retos de los sistemas sanitarios en la actualidad.

En los años noventa, la OMS evaluó los sistemas de salud y su desarrollo. La Organización convirtió en prioridad la atención primaria en condiciones de igualdad y el suministro de instrumentos analíticos que conviertan tal empeño en pruebas científicas adecuadas para países en desarrollo. En los países ricos llamó la atención el gasto desmesurado en algunos sistemas sanitarios.

Iniciativas como el Observatorio Europeo de la OMS sobre Sistemas de Atención Sanitaria aportan datos importantes sobre su funcionamiento y las causas de sus errores. Pero aún quedan interrogantes por resolver. El Observatorio difunde los cambios en los sistemas europeos, las reformas, analiza sus resultados y por qué funcionaron en determinados contextos o no. Además, el Observatorio vela porque las experiencias del sistema europeo puedan extenderse más allá de las fronteras.

La OMS sólo puede ofrecer líneas de investigación, ayudar a los países a encontrar la mejor opción para adecuar su sistema sanitario a las demandas de la población. Sobre todo en los países empodrecidos del Sur.

El derecho a la salud se ha convertido en un privilegio en algunas partes del mundo. Los sistemas de salud basados en la atención primaria pueden ser el primer paso para llevar la salud en condiciones de igualdad a todas las personas.

(English version)

Por Cristina Fernández Pereda

El chocolate podría salvar los bosques más amenazados de Brasil. Así lo afirma un estudio publicado por World Watch Institute. Sus autores comprobaron que el cacao, el ingrediente más importante del chocolate, podría ser cultivado de forma que restableciera las partes más dañadas del Bosque Atlántico.

El cultivo del cacao es adecuado para el bosque de Brasil por dos razones. La primera de ellas es que en el bosque tropical abundan las especies de gran altura y el cacao crece muy bien a la sombra, la necesita. La segunda razón radica en su potencial de conservación. No es necesario eliminar otras especies ya existentes para cultivar el cacao, de forma que no hay que prescindir de los recursos naturales que aun quedan en estos bosques.

El Bosque Atlántico ocupa la mayor parte de la costa de Brasil y constituye el 13% del territorio nacional. En él se han llegado a encontrar 476 especies distintas de árboles en una sola hectárea. El mayor nivel de diversidad que se puede encontrar en el mundo. Sólo queda el 7% del ecosistema en su estado original.

Brasil produce en la actualidad el 6% de la producción mundial de cacao. En 1983, producía el 24%, por detrás de Costa de Marfil. Cerca del 80% de esa producción se cosecha en la región de Bahía, en la zona norte del Bosque Atlántico. La mayor parte del cacao se cultiva mediante un sistema agrícola conocido como Cabruca: en la superficie del bosque, a la sombra de las especies más altas, se plantan los pequeños árboles de cacao que luego puedan soportar el peso de los frutos. Este sistema se ha utilizado en otros países, pero Brasil tiene el mayor “bosque de chocolate” del mundo.

Pero este tipo de bosque también se está degradando. Las ayudas no son suficientes como para reemplazar los árboles más altos que mueren. En los años noventa, una epidemia en las plantaciones de cacao se sumó a la bajada de los precios en el mercado internacional. Los dueños de las tierras tuvieron que cambiar el cultivo del cacao por otro más rentable. La crisis se saldó con 90.000 personas que perdieron su empleo. Y su medio de vida.

Ahora que los precios se han recuperado y se han encontrado medios para combatir las epidemias, los autores del estudio recomiendan volver a las plantaciones de cacao, al sistema Cabruca, y adaptarlo a las condiciones actuales. Quieren que la recuperación del bosque esté por encima del negocio, de la producción masiva. El cultivo de cacao junto a otras especies supone un ritmo más lento y beneficios a largo plazo. Pero no quieren caer en las pautas que impone el mercado mundial.

El negocio del chocolate genera 60.000 millones de dólares al año. El 80% del mercado lo controlan seis empresas multinacionales. Estos beneficios no contemplan si se agotaron los recursos de las tierras o si se redujeron las posibilidades de empleo en la zona. El ritmo del mercado internacional hace que sea muy difícil poner por delante las necesidades de un ecosistema.

Las aspiraciones sociales del estudio consisten en crear una economía rural más fuerte. El cultivo de cacao generaría empleo en un ámbito local y contribuiría al desarrollo de otras formas de comercio ecológico, como el ecoturismo, además de luchar contra la deforestación. Brasil podría empezar así a orientar el consumo de chocolate hacia la recuperación de su Bosque Atlántico.

(English version)