Por CRISTINA F. PEREDA (SOITU.ES)

El presidente Obama visitó ayer por primera vez las instalaciones de la CIA, se reunió con 50 oficiales y después compareció ante los agentes para pedirles que “no se desanimen” por el hecho de que la opinión pública sepa hasta dónde llegó la inteligencia norteamericana para obtener información. La visita se producía días después de que el Departamento de Justicia desclasificara los informes sobre los métodos utilizados para interrogar a sospechosos de terrorismo.

“Lo que hace que Estados Unidos sea especial, y lo que os hace especiales a vosotros, —decía Obama a la élite de la inteligencia estadounidense—, es precisamente el hecho de que estamos dispuestos a mantener nuestros valores e ideales incluso en los momentos más duros, no sólo cuando las cosas son fáciles. Incluso cuando tenemos miedo o estamos amenazados, no sólo cuando nos conviene hacerlo”.

Ahora sabemos que los agentes de la CIA utilizaron la técnica de ahogamiento simulado hasta 183 veces para obtener información del detenido Khalid Sheik Mohammed. El supuesto miembro de Al-Qaeda había declarado ser el cerebro de los atentados del 11-S. Otros sospechosos fueron víctimas de la misma técnica, según informa esta mañana el diario New York Times.

Pero hasta el domingo, justo después de que el presidente Obama decidiera hacer públicas las órdenes del servicio de inteligencia, nadie tenía los datos exactos. El público no sabía cuántos presos habían sido sometido a esas prácticas de interrogación que la Administración Bush calificó de “seguras y legales”. Tampoco sabían si había sucedido una vez, seis, o 266. Tampoco si había ocurrido en Guantánamo, Irak o una de las cárceles secretas que Obama ordenó cerrar el segundo día de su mandato.

¿Qué se esconde tras el gesto?

Lo que sigue siendo un secreto es si el actual inquilino de la Casa Blanca ha decidido desvelar esta información por respetar los valores estadounidenses, por recuperar la dañada imagen norteamericana en el extranjero o por pura estrategia política.

Parte de la polémica creada por los métodos de interrogación de la CIA radica en eso, en su falta de concordancia con los valores norteamericanos. Pero la decisión de hacerlos públicos y no perseguir a los responsables, según Naciones Unidas, es también contraria a la ley internacional. Y Obama ha optado por restaurar los valores nacionales dentro y fuera de su frontera, en vez de buscar más enfrentamiento político.

“Obama ha decidido no perseguir a ningún responsable porque para ello necesitaría el apoyo de varios republicanos en el Senado [donde el partido demócrata no cuenta con la mayoría suficiente para sacar adelante una propuesta como ésta], y no quiere quemar ningún puente”, nos explica Steve Biddle, experto en política exterior estadounidense del Council on Foreign Relations. “No puede arriesgarse a perder esos votos después, cuando los necesite para aprobar otro presupuesto, la reforma sanitaria o de inmigración”.

El presidente también arriesgaba perder votos en su propio partido, al menos de los demócratas más liberales que quieren ver a Bush responder por los informes de la CIA. Aunque a lo mejor ha considerado que los demócratas más moderados son más fáciles de convencer si les necesita en un futuro.

¿A quién hacer responsable?

Entre los más conservadores y los liberales están quienes piensan que, ya que no se va a perseguir a Bush, en la Casa Blanca entre los años 2002 y 2005 a los que corresponden estos informes, ni a los agentes que llevaron a cabo los interrogatorios, la justicia debería perseguir a los que caen justo en medio: los que redactaron los informes y contaban con autoridad para dictar dichas órdenes.

El jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Rahm Emmanuel, declaraba este fin de semana en la cadena de televisión ABC que la Administración actual está en contra de que el Departamento de Justicia persiga a ningún responsable. Pero nadie se ha pronunciado sobre si otra autoridad podrá hacerlo.

“Obama ha tenido mucho cuidado y en ningún momento ha especificado si perseguirá a alguien o no. Ha evitado muy cuidadosamente decir nada sobre qué pasará con quién redactó los informes, y eso puede que satisfaga a los demócratas más liberales”, apunta Biddle.

Tampoco ha mencionado si no perseguirá a ningún agente ni miembro del anterior Gobierno por acuerdo con el partido republicano. Según declaraba ayer en la sede de la CIA en Washington, “sólo lo he hecho por una razón: porque creo que nuestro país es más fuerte y más seguro cuando mostramos todo nuestro poder y el poder de nuestros valores, incluido el de la ley”.

Críticas a la publicación de los informes

Aunque hay quien no se siente tan seguro después de que los informes hayan visto la luz. Muchos países occidentales respiraron hondo cuando Obama firmó la orden ejecutiva que prohibía el uso de estas técnicas, pero los más conservadores en Estados Unidos ya han mostrado su preocupación. Entre ellos están el antiguo fiscal general Michael B. Mukasey, y anterior director de la CIA, Michael V. Hayden quienes escribían el pasado viernes en el Wall Street Journal que al publicar los métodos de interrogación, los terroristas podían estar ya preparándose para superarlos.

“Me parece un argumento muy débil pensar que los terroristas se pueden entrenar ahora para superar estas técnicas de interrogación. Estarían perdiendo el tiempo porque Estados Unidos no va a volver a utilizar estos métodos”, argumenta Biddle.

El revuelo que ha provocado la salida a la luz de estos informes y la cantidad de debates que han inspirado en los medios contrastan con la falta de debate en la opinión pública hasta antes de la campaña electoral. Las cárceles secretas, simulaciones de ahogamiento, presos obligados a permanecer horas de pie o encerrados con insectos son ideas que los medios sólo ahora han empezado a mencionar. Por no emitir, ya sabemos que no había ni imágenes que dieran demasiadas pistas a los estadounidenses de las condiciones en que luchaban sus soldados.

Tardaremos un tiempo en saber si se convierte en un auténtico debate público o si se apaga el fervor de algunas discusiones en televisión este fin de semana, en editoriales dedicados a la decisión de Obama incluso ayer lunes o los titulares que el New York Times sigue añadiendo a su cobertura del tema. Los norteamericanos son expertos en mirar hacia adelante y el pasado noviembre eligieron el lema optimista y esperanzador de Obama, quien ayer repetía su intención de dejar atrás el pasado.

Biddle me recuerda al acabar la entrevista un proverbio chino. “Un viaje de mil millas empieza por el primer paso”. Y Obama, con cada paso, demuestra que sólo quiere mirar hacia delante.

Articulo para Soitu.es

Por CRISTINA F. PEREDA

Marlene Jaggernauth llevaba 27 años viviendo de forma “legal” en Estados Unidos, después de emigrar desde Trinidad y Tobago, cuando fue detenida por el Departamento de Inmigración. Le acusaban de un pequeño robo al poco de entrar en el país. Durante cuatro años y antes de ser deportada, fue retenida en varios centros de detención sin atención médica.

Los inmigrantes de EEUU piden que no les traten como delincuentes. Alex-s

“Lo que vi durante esos cuatro años fueron víctimas de violencia doméstica, refugiados, presos que habían sido objeto de tráfico de personas o discapacitados y enfermos mentales que no recibieron ninguna ayuda médica. Muy pocos tenían acceso a abogados o traductores. Si protestabas por la falta de ayuda médica, podían alargarte el tiempo que estabas detenido”, declaraba Jaggernauth la pasada semana en un acto en Washington, D.C., con diferentes organizaciones.

El presidente Obama ha mostrado en varias ocasiones su deseo de reformar las leyes de inmigración y establecer las condiciones para conseguir “legalizar” a doce millones de indocumentados. Un miembro de la Administración norteamericana ha confirmado incluso en el New York Times que les gustaría abordar los cambios antes del final de 2009. Pero los activistas quieren asegurarse de que la reforma termina con un capítulo que consideran vergonzoso: defienden que los centros de detención de indocumentados caen en una especie de limbo legal en el que se violan desde la Constitución estadounidense a leyes internacionales.

En respuesta a las declaraciones en el diario neoyorquino, organizaciones no gubernamentales, grupos de presión y activistas han invadido la capital con visitas al Congreso, reuniones, comparecencias, ruedas de prensa y toda clase de eventos para presionar al Gobierno de Obama. Quieren asegurarse una reforma favorable a los inmigrantes, pero también recordarle al inquilino de la Casa Blanca que estos centros de detención están fuera de la legalidad: la mayoría de los detenidos superan el tiempo de estancia máximo sin derecho a juicio.

“Recuerdo mi sorpresa cuando después de muchos años trabajando por los derechos humanos en todo el mundo, me encontré con que también había violaciones en mi propio país”, asegura Sarnata Reynolds, directora legislativa para inmigrantes y refugiados en el capítulo estadounidense de Amnistía Internacional.

Años encerrados por un delito civil

La ley norteamericana establece que entrar de forma ilegal en su territorio constituye un delito civil, no criminal. Aun así, el Departamento de Inmigración tiene el objetivo de encarcelar a casi medio millón de indocumentados este año. Mientras esperan su juicio, permanecerán encerrados en 300 centros de detención para inmigrantes y cárceles de todo el país, compartiendo celdas con condenados por robo, asesinato u otros delitos. El tiempo de espera para la deportación, una vez que se ha celebrado el juicio con las autoridades de inmigración, no debe superar los seis meses, pero muchos de estos detenidos pasan años encerrados, son desplazados de un centro a otro y casi siempre carecen de defensa legal.

La Administración de Bill Clinton estableció durante su última legislatura un programa que permitía a la policía de cada estado reforzar las labores de lucha contra la inmigración ilegal, un asunto que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE). Sin embargo, durante el mandato de George W. Bush, diferentes estados fueron consiguiendo permisos para que ‘sheriffs’ y policías tuvieran la misma competencia que los agentes de inmigración. La consecuencia: en estos estados, si un policía detiene a una persona sin papeles, puede trasladarle directamente a un centro de detención para que espere allí un juicio y ser deportado.

Entre las frases más recordadas de los que han acogido estos programas con las manos abiertas está la que declaró un oficial en una reunión con agentes de inmigración: “Podemos hacer que una persona desaparezca”.

El origen de este programa fue la lucha contra el terrorismo dentro de Estados Unidos y para mejorar la seguridad mediante la persecución de indocumentados y criminales. Pero la organización Justice Strategies encontró que justamente el 61% de las localidades en las que la policía puede detener indocumentados tiene ya un índice de criminalidad por debajo de la media nacional. Además, el 80% de los permisos han sido otorgados en una zona con un largo historial de discriminación con tintes racistas.

“Sencillamente, no tiene ningún sentido”, afirma Aarti Shahani. La experta de Justice Strategies denuncia además que estas detenciones les cuestan a los estadounidenses 1.700 millones de dólares al año.

Niños abandonados en mitad de la carretera

Las denuncias de los defensores de los derechos de los inmigrantes van desde la proliferación de redadas y retención de indocumentados que esperan un juicio en cárceles para criminales ya condenados, hasta el trato que reciben en el momento de la detención o las consecuencias para las familias de los detenidos. El año pasado, la organización Consejo Nacional de La Raza denunciaba que en las detenciones en carretera —en algunos estados la policía de tráfico también puede exigir el permiso de residencia, por ejemplo, como parte de estos programas especiales— muchas veces los policías abandonan a los niños en los coches, sin avisar a otros familiares para que los recojan. Los menores piensan que sus padres les han abandonado, que son asesinos o que el último recuerdo de ellos va a ser ése, cuando entraron esposados en un coche de policía.

Shahani señala que su organización ha mantenido varios encuentros con el equipo de Obama desde la transición y que conocen estos casos. Sin embargo, cuando hace dos semanas mantuvo una reunión con el Comité de Justicia del Congreso, muchos de los legisladores desconocían los detalles. “Ese programa del que hablas, ¿es para investigar o para qué?”, apunta como ejemplo, citando a un congresista.

Jaggernauth apeló su condena de deportación y volvió a EEUU para ayudar a otros inmigrantes. CFPereda

“Tenemos que contar esta historia porque creemos que si todos los norteamericanos supieran lo que está ocurriendo en estos centros, se quedarían horrorizados“, insiste Shahani. Según diversas investigaciones, el problema más denunciado por los detenidos es la falta de atención médica y de acceso a su propio historial.Marlene Jaggernauth necesitó atención de un ginecólogo mientras estaba en uno de los centros. Su petición fue enviada a Washington para que aprobaran la asistencia —normalmente se envía una persona a uno de los centros o se traslada al preso a un hospital—. Antes de recibir ninguna respuesta, Jaggernauth fue trasladada a otro centro de detención. Allí tuvo que volver a empezar el proceso. Fue deportada a Trinidad y Tobago antes de ver a ningún médico.

Para Shahani, el problema radica en la cualificación de los funcionarios de las cárceles. “Se trata de empleados que no están preparados para ese trabajo, que no entienden las necesidades de los detenidos y que piensan que mientras esperan a ser deportados, no hay necesidad de responder a lo que pidan. Piensan que se pueden permitir ignorarlos”, declara.

Murió de cáncer sin que le atendieran de sus dolores

Diferentes organizaciones han denunciado casos de inmigrantes que han fallecido en estos centros de detención. Cheryl Little, directora del Centro de Abogados por los Inmigrantes en Florida, recordaba a Hiu Lui Ng, un inmigrante e ingeniero del Empire State que falleció a causa de un cáncer que no le fue diagnosticado hasta después de cuatro meses quejándose por los dolores. La investigación del caso descubrió una grabación en la que el fallecido fue arrastrado por los oficiales del centro, le negaron la medicación y una silla de ruedas cuando ya no podía caminar, y le acusaron de mentir sobre su enfermedad.

Little añadió a la lista nombres de algunos de los 91 inmigrantes que han fallecido en estos centros desde 2003. Entre ellos hay detenidos con esquizofrenia sin acceso a su medicación, presos de los que se supo que padecían cáncer o patologías del corazón sólo después de haber fallecido, paralíticos sin acceso a silla de ruedas y haciéndose sus necesidades en la cama durante seis meses o mujeres obligadas a mostrar compresas usadas para probar que necesitaban más.

“Estar detenido es difícil por varias razones, pero en cuanto a la ayuda médica nos sentimos impotentes y asustados. Es un sistema humillante que han creado simplemente para inspirar miedo. Nada más”, atestigua Jaggernauth. “Se trata de una crisis de derechos humanos y civiles. Estados Unidos está fallando. Hacer algo así en este país no es sólo inaceptable, va más allá de lo vergonzoso”, concluye la abogada Little.

Articulo para Soitu.es